Los otros tres —el capitán, el primer oficial y el secretario político— seguirán detenidos en Panamá, acusados de tráfico de armas y expuestos a una condena de 12 años de prisión. La Fiscalía de Crimen Organizado de Panamá informó que existen presunciones de que tenían pleno conocimiento de la carga de armas que iba oculta en más de 10.000 toneladas de azúcar en sacos, en un caso descubierto a mediados de julio de 2013.